La propuesta presentada al Congreso busca que personas con una “acusación penal de carácter sustancial” no puedan postular a cargos de elección. También les prohibiría integrar un gabinete. Políticos que participaron en recientes elecciones y miembros del oficialismo podrían verse afectados.
El Gobierno de Pedro Castillo presentó un proyecto de ley que propone que personas acusadas por la Fiscalía de delitos como lavado de activos, organización criminal y corrupción, entre otros, no puedan postular a cargos de elección popular. La iniciativa también plantea la misma prohibición para quienes sean ministros de Estado.
En caso sea aprobada, la norma impediría hoy la postulación a la presidencia o al Congreso de políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala o Guillermo Bermejo, quienes fueron candidatos en el 2021 cuando tenían acusaciones fiscales por delitos incluidos en la propuesta del Ejecutivo.
La iniciativa también alcanzaría al líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien hoy enfrenta un juicio por malversación de fondos y tiene una acusación fiscal por el delito de colusión donde se piden 16 años de prisión en su contra. Además, dirigentes y afiliados al partido Perú Libre actualmente están investigados por delitos como lavado de activos, organización criminal y terrorismo.
De cara al 2026, si la Fiscalía concluye sus investigaciones y decide acusarlos, la prohibición planteada por el Ejecutivo podría extenderse hacia ese grupo de dirigentes del partido de gobierno, que hoy incluye a oficialistas como Guido Bellido, Waldemar Cerrón y Dina Boluarte.
Lo que dice la propuesta
El Proyecto de Ley N° 682/2021-PE, titulado Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que promueve la idoneidad de las y los candidatos a cargos públicos representativos y del ejercicio de la función pública, fue aprobado por el Consejo de Ministros y fue presentado el miércoles 10 de noviembre ante el Congreso de la República. Fue el mismo día en el que Pedro Castillo hacía en Ayacucho el balance de sus primeros 100 días de gobierno.
El documento lleva la firma del presidente de la República y de Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros y lleva el carácter de urgente en concordancia con el artículo 105 de la Constitución, el cual establece que “tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia”.
La iniciativa plantea modificar la Constitución para que no puedan postular a cargos de elección pública ni asumir cargos como ministros de Estado quienes “tengan acusación penal de carácter sustancial en calidad de autor o cómplice” por estos delitos: feminicidio, homicidio calificado, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, secuestro, contra la libertad sexual, contra la dignidad humana, genocidio, desaparición forzada, tortura, organización criminal, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, colusión, peculado, corrupción de funcionarios y terrorismo.
